MISERABLES

Miserables. No encuentro una palabra más adecuada para describir a quienes pretenden que los ciudadanos asumamos, además de las consecuencias de una tragedia indescriptible, la obligación de tener que soportar las explicaciones ferroviarias de Sánchez y de Puente. España es una pesadilla sin final. Una banda que está gobernando al margen de cualquier criterio de gestión eficiente y que, para colmo, está poniendo en peligro la vida de los ciudadanos españoles. Llevan nueve años gobernando de cara a la galería -el relato lo llaman estos anafalbetos funcionales- frente a una gran mayoría de españoles. Y estas son las consecuencias de gobernar contra alguien: que la gestión de la cosa pública queda en un segundo plano respecto a esta estrategia de confrontación permanente.
Esta panda lleva nueve años matando ciudadanos españoles. Recordamos la inenarrable gestión del COVID o de la DANA o de la invasión de Ceuta o de Adamuz. La culpa es siempre de otros y, el que venga detrás, que arreé. Eso sí: que nadie se olvide de pagar sus impuestos, porque eso es lo único que funciona de maravilla en nuestro país. Este Gobierno de Progreso ha batido todos los récords nacionales de recaudación fiscal. Nos acribillan a impuestos, nos explican que contribuir al sostenimiento de lo público es una obligación moral -no es un milagro son tus impuestos- y nos recuerdan, con la grandilocuente solemnidad característica de esta pandilla siniestra, que los servicios públicos son patrimonio de todos. Son de todos claro, pero aquí nada funciona como es debido desde que estos han asaltado las moquetas.
Los ciudadanos españoles tenemos muchas obligaciones. Cada vez más. Pero entre las mismas no se encuentra el entender un puñetero pepino sobre los sistemas de seguridad ferroviaria LZB o ERTMS. No tenemos por qué conocer sus protocolos, sus mecanismos de señalización, sus sistemas de frenado ni las complejidades técnicas de su funcionamiento. Para eso están los profesionales, los técnicos y, sobre todo, los responsables políticos del sistema ferroviario. Nuestro derecho en esta sencillísima cuestión no es otro que el de subirnos en un tren y -ya no sólo llegar con puntualidad- sino sanos y salvos. Así de sencillo. Así de elemental. Tenemos derecho a no jugar a la ruleta rusa cada vez que nos montamos en un tren.
No sé —ni me importa— si este último accidente en Urda es un error humano, un error mecánico o un error derivado de la alineación de los astros. Me da igual. Lo que sé es que, al día de hoy, otros sesenta y nueve españoles se han dejado la vida en un accidente que debiera haber sido perfectamente evitable con una simple buena gestión de nuestros trenes. Y lo que también sé es que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los viajeros no puede disolverse entre informes técnicos, declaraciones institucionales, comisiones de investigación y ese interminable repertorio de excusas con el que nuestros particulares socialistas suelen administrar reiteradamente las catástrofes. En eso sí que han sido especialistas, desde el principio, los miembros del Gobierno de la PSOE.
No habían transcurrido ni dos horas desde el accidente y ya estaban filtrando las conversaciones del maquinista fallecido. Son unos malnacidos. Dejando de lado el hecho psicopatológico de no creerse responsable de nada, dice el Ministro Puente que no dimite porque eso no sería positivo para el proyecto político que defiende. Ha echado la culpa del accidente a un trabajador de su Ministerio y, además, sigue aferrándose al cargo con la tenacidad de una babosa. Dos catástrofes mortales en menos de un año, un sistema ferroviario que ha dejado de funcionar y unos ingresos públicos que siguen sin justificarse. Y ahí sigue el colega. Dándonos clases de moral y de visión de Estado.
Esto es asqueroso. Este entramado político-mediático dirige el Estado absolutamente al margen de los verdaderos intereses de nuestro pueblo. Os esperamos a todos el día 29 de Noviembre para sacaros -uno por uno- de vuestras poltronas con espátula y con agua caliente. Lo digo siempre: que se cierre su etapa de gobierno y que se abra la de su horizonte penal.