INMIGRACIÓN Y DEBATE SOCIAL (II)

Publicado en el Núm. 5 (ÉPOCA II) en "La Gaceta Escurialense".

Existe un presupuesto básico e incontrovertible que determina, con absoluta claridad, el nivel de tolerancia de una sociedad frente a la llegada masiva de ciudadanos extranjeros. Este presupuesto no es otro que la eventual existencia de puestos de trabajo disponibles para estos ciudadanos que llegan a España. El trabajo integra a la persona dentro del engranaje social. El trabajo socializa al individuo, situándolo en pautas de conducta normalizadas.

Por esta razón, nuestra Administración debería realizar ofertas de trabajo dentro de los países de origen, de forma tal que todo ciudadano extranjero que llegara a nuestro país lo hiciera ya provisto de un Contrato de Trabajo. Es decir, toda aquella persona que llega a España con voluntad de permanencia debería de cruzar nuestra frontera provisto de un proyecto personal viable e integrado. Esta elemental exigencia, de muy sencilla articulación, habría evitado la mayor parte de las situaciones de tensión producidas en los últimos años.

Los ciudadanos españoles hemos sido generosos y abiertos a la hora de recibir estas olas migratorias. Con independencia de nuestra postura sentimental o ideológica al respecto, esta generosidad no es una frase hecha. Nos ha venido impuesta, de forma directa, por los Poderes Públicos: imposición traducida en las sumas percibidas a través de nuestros impuestos. Existen importantes partidas presupuestarias destinadas a proyectos de integración social de ciudadanos extranjeros.

Del mismo modo, se nos impone una opinión oficial unidireccional respecto al hecho migratorio: se nos exige respeto y comprensión incondicional frente a este fenómeno. Tolerancia frente a sus inconvenientes evidentes.

Por esta razón, porque sufrimos y pagamos, tenemos derecho a exigir. El hecho inmigratorio debe ser concebido como una vía de dos direcciones. Nosotros damos y, por ello, podemos exigir conductas adecuadas no sólo de nuestras variadas Administraciones, sino de los propios ciudadanos extranjeros llegados a nuestros pueblos y ciudades.

Los Poderes Públicos nos exigen respeto frente al recién llegado. Nos piden paciencia, tolerancia y comprensión frente al fenómeno. Y nosotros se la damos, de sobra, por razones de simple humanidad. De conciencia social.

Sin embargo, ya va siendo hora de exigir. De ejercitar esa doble vía que debe presidir todo asunto polémico frente a la Administración. De abrir, con serenidad y reposo, un debate social respecto a este problema. Porque, pese a que los corifeos del pensamiento único huyen de esta consideración, estamos realmente en presencia de un problema. De un enorme problema, añado yo.

Exijamos de los ciudadanos extranjeros el mismo respeto que ellos, con razón, nos exigen. Exijamos de las distintas Administraciones planteamientos serios al respecto.

Respeto hacia nuestra cultura. Respeto hacia nuestros derechos ancestrales. Respeto frente a nuestras anheladas libertades. Respeto frente a nuestra paz social.

Sin esta mínima exigencia, existe la amarga sensación de estar cediendo terreno.... ¿estamos realmente perdiendo derechos?

Desde nuestras tesis falangistas, estimamos que, por desgracia, la respuesta es rotundamente positiva. Creemos que hemos entrado en una fase de profundo retroceso cultural y social, por causa de una mal entendida multiculturalidad. Una sociedad diversa -mestiza- sólo puede ser válida si están integrados los elementos que la integran. Una vez más, y también en este asunto, se hace necesaria una vertebración española, una articulación positiva de los distintos y diversos factores ciudadanos. España debe ser un proyecto genuinamente mestizo.

Hoy no tenemos una sociedad vertebrada. No existe una Sociedad multicultural. Lo que existe es una coexistencia de grupos nacionales y étnicos superpuestos unos al lado de otros, unos sobre otros. Por ende, esta coexistencia será más o menos fluida dependiendo del factor de integración que afecte a cada grupo étnico concreto.

Y, precisamente, es este factor de integración el que los ciudadanos debemos exigir en una doble vertiente: a los ciudadanos extranjeros que llegan, y a la Administración que nos gobierna.

Los ciudadanos extranjeros deben asumir nuestra escala de valores. Deben preservar la identidad de la sociedad que los acoge. Deben adecuar sus conductas a los imperativos sociales básicos. Deben respetar nuestro equilibrio social.

Esta lógica obligación no es más que el justo contrapeso al disfrute de nuestros derechos, a la posesión de nuestros beneficios.

La Administración debe velar porque se produzca este respeto. Debe imponer este respeto a todos los que vivimos aquí: sean españoles o extranjeros.

Sólo a través de esta imposición positiva de valores pueden reducirse las bolsas de marginalidad. Sólo por medio de esta acción administrativa podremos reducir los problemas derivados del hecho migratorio. Desde la perspectiva falangista, esta acción estatal tiene dos direcciones: una acción preventiva, que tiende a asegurar la adecuación entre el número de inmigrantes que pueden llegar y los puestos de trabajo realmente disponibles. De esta forma, quien no tiene trabajo no puede quedarse; y una acción integradora del ciudadano extranjero que ya reside en nuestro país, a través del arbitrio de los mecanismos adecuados que aseguren su adecuada educación ciudadana en nuestros valores.

Ambas acciones, por supuesto, deberían ir acompañadas de medidas coercitivas eficaces. Y así, se daría cumplimiento a una aspiración social frecuentemente manifestada: quien no tiene trabajo no debe permanecer en España y, en consecuencia, quien no está debidamente integrado, tampoco. Y, desde luego, la acción administrativa debe equiparar ambas cosas: trabajo y educación en nuestros valores. Conocimiento suficiente de la sociedad en la que pretenden vivir.

Exijamos correctamente integración. El multiculturalismo y la diversidad son fines, en principio, deseables, pero sólo podrán existir de manera correcta si se producen desde la seriedad de una correcta integración social, desde una vertebración suficiente de ciudadanos de diversas procedencias.