FOLKLORE EN TIEMPOS DIFÍCILES. MI COLUMNA EN "EXTRACONFIDENCIAL"

Durante los últimos tiempos, me han venido preguntando mucho por la legalidad de esa cosa llamada escrache. Me preguntan, muy a menudo, si el escrache es una práctica delictiva o si, por el contrario, cuenta con todas las bendiciones laicas que otorga la legalidad vigente. La polémica suscitada en torno a estos grupos organizados de ciudadanos que -presentándose en el domicilio, en el despacho o en el restaurante de un político en activo- le recuerdan en su habitat natural lo sinvergüenza que es. A los responsables del Partido Popular no les gusta el escrache. Tampoco a ninguno de los que dirigen los partidos que defienden nuestro modelo político vigente. Qué curioso. Todos coinciden en querer limitar la respuesta ciudadana a los trámites usuales de protesta. Es decir, a que nadie -saltando por encima del abismo que existe entre los ciudadanos y sus pretendidos representantes- les proteste en su cara. Protestas light en una democracia light. Eso les gusta mucho.

Pero el escrache es legal. Es tan legal -tan constitucional en el sentido más estricto de la palabra- como la libertad de expresión, el derecho a la opinión libre y responsable, el derecho de manifestación o el derecho de reunión. Tan legal como esos mismos pilares de nuestro esquema de valores ciudadanos. Lo de las coacciones, lo de la amenaza terrorista, lo de la intimidación y demás conceptos pseudojurídicos con los que el escrache ha sido definido por nuestros preclaros próceres políticos, no es más que un cuento. Cosas de Cristina Cifuentes y similares. Un problema inexistente sobre el que ha girado un más que insustancial debate penalista.

Esto es como todo. Nuestro Código Penal es amplísimo. Abarca todas las posibles facetas de la maldad humana. Conscientes e inconscientes. Bajo esa premisa, toda actuación ilícita puede ser procesalmente perseguida. Aunque, al menos en apariencia, fuera inicialmente legítima. Uno puede conducir un coche, por ejemplo. Si lo conduce más borracho que el Capitán Haddock, es un delito. Uno puede pasar cada domingo el cesto de la parroquia. Si se queda con lo que los feligreses dejan dentro, es un delito. Uno puede ser el yerno del Rey de España. Si alrededor de esa poco habitual circunstancia familiar uno obtiene ingresos por la cara, es un delito. Pues con el escrache es igual.

Si alguno de nuestros muy dignísimos y honestísimos cargos públicos se ve amenazado, injuriado, coaccionado, lesionado, vejado, intimidado o insultado en alguno de estos eventos ciudadanos, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Lo fácil es lo otro. Aprovecharse de que siempre tiene uno abiertos, y a su disposición, los medios de comunicación para lanzar imputaciones falsas. En vez de eso, que lo denuncien. Que un Juez entre en el caso, lo analice y resuelva finalmente sobre si se ha cometido o no algún delito. ¡¡¡Qué pocos escracheados hacen eso!!! Lejos de ello, se limitan a llorar y a quejarse -como si fueran víctimas de verdad- en ruedas de prensa, telediarios y negociados similares. La conclusión de todo esto es sencilla. No se ha condenado a ningún ciudadano por estas actuaciones. Sin embargo, el escrache ha sido sometido a una persistente campaña de criminalización promovida -y teledirigida- por los principales responsables del Partido Popular. Es algo inofensivo y, a causa de ello, el problema no deja de ser una enorme cortina de humo. Ni afecta a ningún responsable institucional ni le va a afectar. Nadie va a colgarles del balcón, ni a pegarles palizas ni a pintar una Estrella de David en su puerta. No les va a ocurrir como a Godoy en el Motín de Aranjuez. Aquello sí que fue un celtiberiquísimo escrache. Esta es otra cosa mucho más europea y civilizada. O tempora o mores. El escrache como folklore en tiempos difíciles.

El problema, por tanto, no es este. El problema es que existe una minoría oligárquica empeñada -contra viento y marea- en desarrollar políticas que atentan contra los derechos legítimos de nuestro pueblo. Al tiempo que nos empobrecen, nos exigen también que los cauces de nuestra protesta se encarrilen por los cauces de la cortesía política y del respeto hacia las instituciones. Esta pretensión no se sostiene. Ni más ni menos porque hace mucho que dejamos de estar regidos por los criterios usuales del juego político normal. Estamos en una situación de emergencia nacional, provocada por el esfuerzo de unos pocos en mantener vivo un modelo económico y político fracasado: un esfuerzo en perpetuar nuestra miseria moral y material. Por eso, uno no no puede entender cómo, ni tan siquiera, se atreven a pensar en que se van a quedar al margen de esto, y en que no van a sufrir la indignación de un pueblo escarnecido. Y es aquí donde el escrache se queda muy corto, porque no es suficiente como medio de lucha que cierre, eficazmente, sus espacios políticos y sociales. El escrache encarrila la protesta dentro de límites tolerables, y viene a crear un falso debate social que nos distrae de otras cuestiones esenciales.

El otro día, se ha practicado un escrache en Gran Hermano. También ha terminado siendo institucionalizada esta forma de protesta. El escrache no sólo no es delito sino que, además, ya ha sido digerido por el establishment: en lo que tiene de manifestación canalizada de descontento popular. No les viene mal el escrache, porque evita formas más radicales de lucha popular. Remember Godoy hermanos.